A partir de las posibilidades abiertas por la nueva Constitución de la República, especialistas de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), el Ministerio de Salud Pública y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, reevalúan el Diagnóstico de barreras legales para el acceso de adolescentes a los servicios de Salud Sexual y Reproductiva, en saludo al Día Mundial de la Población.

La jornada de análisis del documento tuvo lugar el pasado viernes 12 de julio en la casa de altos estudios y contó, además, con la presencia de representantes del UNFPA, Fondo de Población de Naciones Unidas en Cuba.

Rafael Cuestas, Coordinador Internacional de Programa de dicho organismo, expresó la importancia de este tipo de encuentros para seguir garantizando los derechos sexuales de los adolescentes, requisito indispensable para el desarrollo sostenible.

Este estudio demuestra la implementación de políticas públicas para la igualdad de género, el derecho a la planificación familiar entre otros temas que en la nueva Constitución encuentran más garantías. Asimismo, expresa los esfuerzos del gobierno cubano para mantener el prestigio que, por sus logros, ganó la Isla en la conocida Conferencia de El Cairo en 1994, significó Cuestas.

El texto debatido resume una investigación comenzada en 2015 para identificar las limitaciones de los adolescentes al acceder a servicios de salud sexual. Según Ivonne Pérez, miembro de la UNJC, la nueva Carta Magna ofrece el marco legal para eliminar algunas de las principales barreras, pues aborda formalmente temas de educación y salud sexual y reproductiva.

En 2014 se realizó en 17 países de América Latina un estudio sobre barreras legales para el acceso de adolescentes y jóvenes a los servicios de salud sexual y reproductiva y VIH, con el auspicio del Fondo de Población (Unfpa) y otras entidades de las Naciones Unidas.

En aquel momento, Cuba no fue incluida en el análisis, pero el Ministerio de Salud Pública (Minsap) se planteó realizar un estudio similar, en línea con la prioridad de brindar atención diferenciada e integral a la adolescencia.

Pérez aseguró que la norma constitucional presenta un salto cualitativo respecto a la anterior lo que justifica la necesaria actualización del Diagnóstico. Entre los avances, la especialista destaca el artículo 43 que asegura el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, además consigna que el Estado crea los mecanismos institucionales y legales para ello. 

Al relacionarlo específicamente con la investigación, Lisy Jorge Méndez, profesora de la Facultad de Derecho, explicó que la Constitución reconoce a los niños como sujetos de derechos y hace referencia a la efectividad de la igualdad. Ello implica que para los adolescentes son válidos, tanto sus derechos propios, consignados en La Convención sobre los Derechos del Niño, como aquellos de los que cada ciudadano es titular.

De esta forma, se persigue crear una herramienta para facilitar la interpretación de las regulaciones legales referentes al acceso a dichos servicios, aumentando la posibilidad de que niñas, niños y adolescentes hagan pleno uso de sus derechos en tal ámbito.

El evento propuso alternativas legales para la eliminación de barreras y permitirá la actualización del texto con vistas a terminarlo para su publicación.

La ausencia de una entidad o institución que centralice la atención de la infancia y la adolescencia se mantiene como una de las barreras identificadas por especialistas, cuando se evalúa el acceso de los adolescentes a una salud sexual y reproductiva (SSR) de calidad.

Otros obstáculos enumerados son la falta de homogeneización en los límites que marcan las llamadas "mayorías de edad" y que varían en el país.

A juicio de las especialistas citadas, algunas de las barreras identificadas en 2015 "pueden ser resueltas a partir de la actual regulación constitucional", detalló Jorge Méndez. Otras serán solucionadas desde los cambios que comenzarán a verse en otras normas jurídicas, como el nuevo Código de las Familias y otras similares que serán actualizadas en los próximos meses.

Para la doctora Marisol Alfonso, Representante Auxiliar del UNFPA en Cuba, es muy importante que se le esté prestando atención al tema de las barreras legales pues, aunque no se pueda cambiar inmediatamente una ley, es importante identificarlas, conocer que existen para poderlas atender. (UNFPA en Cuba con informaciones de Mercedes Muñoz, Juventud Rebelde)