Construir conocimientos y consensos con enfoque de género, mejorar el acceso a la justicia y promulgar una ley integral contra la violencia centraron el interés de las jornadas del III Simposio de violencia de género, prostitución, turismo sexual y trata de personas, celebrado en La Habana, del 2 al 4 de diciembre.

El evento fue organizado por el estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), con apoyo del UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas en Cuba, entre otras instituciones y organizaciones cubanas y del Sistema de Naciones Unidas.

Rafael Cuestas, coordinador internacional de programa del UNFPA, Fondo de Población para las Naciones Unidas en Cuba, elogió que el simposio aborde temas y debates inéditos en el país, que se expanden y abren espacio a la construcción colectiva para un nuevo marco legal.

De igual modo, refirió que el informe nacional de cuba, en abril pasado, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la implementación de la Agenda 2030 expone la tasa de femicidios del país, lo que coloca a Cuba entre los países que visibilizan las estadísticas. El dato es de 0,99 femicidios por 100.000 adolescentes y mujeres cubanas de 15 y más años

Aludió, asimismo, a la Encuesta de Igualdad de Género de 2016, elaborada junto a ONU Mujeres por el Centro de Estudios de la Mujer de la Federación de Mujeres Cubanas, con apoyo del UNFPA y UNICEF, en la cual 26,7 por ciento de las mujeres declararon haber sido víctimas de violencia por parte de sus parejas en algún momento de sus vidas.

“La investigación identificó prejuicios y comportamientos sexistas y estereotipos de género que influyen en la presencia de violencia de género”, enfatizó Cuestas.

Femicidios: debates, consensos y continuidades

La colaboración del UNFPA en Cuba, el UNFPA en Ecuador y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA-LACRO) facilitó la presencia en el evento de la consultora Sra. Adita Jacome, especialista en derechos humanos y violencia basada en género en contextos de desarrollo y emergencias.

La presentación “El femicidio, una violación de los derechos humanos y su incorporación en el ámbito socio jurídico ecuatoriano”, permitió que profesionales de diversos ámbitos conocieran sobre el abordaje del tema en otros contextos y generaran luego espacios de discusión.

Además de la conferencia, Jacome participó en el taller dedicado a establecer consensos y continuidades en la labor de prevención de los femicidios en Cuba.

Del intercambio entre la especialista y el grupo de profesionales de la Isla emergieron acuerdos importantes, entre ellos promover el desarrollo de una investigación sobre derecho comparado para analizar el manejo de las conceptualizaciones de femicidio y feminicidio en la región y realizar un encuentro nacional para la elaboración de una agenda para el abordaje del tema.

Asimismo, el Cenesex expresó su deseo de contar con el acompañamiento de las oficinas del UNFPA de Cuba y Ecuador durante todo el proceso.

Violencia sexual: investigación reveladora

En una de las sesiones más polémicas trascendió que solo uno de cada cuatro casos de violencia sexual son denunciados en la Isla, según una investigación del jurista y profesor Lázaro Enrique Ramos, quien dio a conocer la víspera resultados poco divulgados de su tesis doctoral y recomienda visibilizar el problema.

En su presentación, “Retos socio jurídicos para afrontar la violencia sexual en Cuba”, Ramos destacó que uno de los primeros desafíos fue encontrar estadísticas acerca del fenómeno, por lo que revisó de las sentencias seleccionadas y publicadas, entre 1974 y 2016, en el Boletín del Tribunal Supremo Popular.

Y realizó una encuesta de victimización sexual y percepción de delitos sexuales a 211 personas en 36 municipios de cinco provincias cubanas.

Según el jurista, el análisis de 938 sentencias en materia penal adoptadas entre 1974 y 2016 en un total de 1.182 delitos, 113 respondían a delitos de carácter sexual.

El estudio reflejó que 14 por ciento de las sentencias penales se correspondían a crímenes contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales, la familia, la infancia y la juventud, solo detrás de los delitos contra los derechos patrimoniales (29,9 por ciento) y contra la vida y la integridad personal (18,8 por ciento).

De acuerdo con el investigador, “nos pareció alarmante que fuera de esta magnitud” y “desde el punto de vista de la prevención es muy importante que la población y los profesionales sepan qué tipo de delitos se están dando”.

Los análisis realizados por Ramos arrojaron que, de las 146 víctimas femeninas, 113 eran menores de 16 años al momento de los hechos (77,4 por ciento), mientras 33 superaban esa edad (22,6 por ciento). De los 34 hombres víctimas, 32 eran menores de 16 años (94,1 por ciento), solo dos eran mayores (5,9 por ciento) y padecían enfermedad mental.

En el caso de las y los 131 victimarios, cuyas edades oscilaron entre 16 y 74 años, 118 eran varones (90,1 por ciento) y 13 eran mujeres (9,9 por ciento). La edad de las víctimas fue menor que la de los victimarios en más de 98 por ciento de los casos.

Y, en el 75 por ciento de los casos, existía una relación previa entre víctimas y victimarios: de vecindad (31,9 por ciento), familiares o ex parejas (31,9 por ciento), amistad con víctimas o sus familiares (17 por ciento), vínculo entre maestro-alumna (17 por ciento) y doctor-paciente (2,1 por ciento).

“Aunque la mayoría de las mujeres temen pasar por lugares oscuros y que aparezca un extraño, que la agreda sexualmente, los hechos relativos a esto solo cubren el 25 por ciento del total”, destacó el jurista.

Más allá de lo global

El profesor compartió que, luego de analizar el delito y las conductas que el legislador había decidido criminalizar, se abocó en 2018 a buscar qué está debajo del telón con la encuesta de victimización sexual.

Los resultados arrojaron que 28 por ciento de las mujeres encuestadas reconoció que había sufrido violencia, mientras entre los hombres lo admitió solo dos por ciento.

Según el estudio, de los hechos conocidos por la muestra se denunció poco más de 20 por ciento y quedó sin denuncia más de 70 por ciento, es decir, se denuncia uno cada cuatro casos.

La mayor de las causas para no denunciar identificada en la encuesta fue el miedo a las represalias, que solo existe cuando se conoce al victimario.

Una comparación entre los hechos ejecutados por agresores con vínculo anterior con sus víctimas arrojó que las cifras de la encuesta exceden lo registrado por las sentencias.

En el caso de los horarios, coincidieron los arrojados por el análisis de las sentencias y las encuestas de victimización, con preponderancia para el horario nocturno, seguido de la tarde y la mañana y por último la madrugada, lo que refuerza la relación entre víctimas y victimarios.

Entre las consecuencias de la violencia sexual, las encuestas arrojaron miedo e inseguridad, trastornos psicológicos (que no están recogidos expresamente en la ley penal), lesiones, alejamiento de las relaciones, conductas suicidas, infecciones de transmisión sexual/VIH, embarazo e infertilidad.

Actuación integral ante la violencia de género

Un viejo reclamo de especialistas y activistas se volvió a reiterar durante las actividades de la Jornada Cubana por la No Violencia hacia las Mujeres: que se implemente un sistema integral e integrado frente a la violencia machista.

Participantes en el III Simposio de violencia de género, prostitución, turismo sexual y trata de personas, enfatizaron en la necesidad de contar con una ley integral para la prevención y atención de la violencia de género, un concepto que actualmente no se contempla en las normas jurídicas cubanas.

“Nos faltan espacios especializados de actuación”, dijo la socióloga Iyamira Hernández Pita, integrante de la Sociedad Cubana Multidisciplinaria par le Estudio de la Sexualidad (Socumes).

La especialista reconoció que se cuenta con una sistematización teórica y resultados con representatividad acerca de lo que ocurre en el país, así como acciones prácticas de capacitación, sensibilización y consejería.

Sin embargo, aún no se aplican algunos protocolos ya elaborados y se carece de espacios especializados de actuación, que incluyan la atención de sobrevivientes y agresores.

Activistas y especialistas insistieron en que debe especializarse el personal médico, jurídico, de la policía y de acompañamiento a los casos de violencia, para evitar la revicitimización desde las instituciones y espacios sociales, y brindar un manejo adecuado.

Una estrategia de este tipo debe tener en cuenta la articulación entre mujeres, organizaciones, profesionales y actores en los territorios, una práctica que ha valido para llevar adelante experiencias de formación, capacitación y atención, sostuvo la psicóloga Beatriz Torres, presidenta de la Socumes.

Otro desafío permanente, a juicio de especialistas y activistas, es la promoción de una educación que contribuya a deconstruir la ideología y la cultura patriarcales, además de la capacitación y sensibilización de actores clave.

Uno de los acuerdos del encuentro es que la primera reunión en 2020 del grupo técnico sobre violencia de género, prostitución, turismo sexual y trata de personas retome todos los protocolos ya elaborados en el país para prevenir y atender la violencia de género, con vistas a exigir y promover su aplicación.

Durante el III Simposio de violencia de género, prostitución, turismo sexual y trata de personas también se conocieron las experiencias de otros países como México y Ecuador, ambos con un recorrido y estrategias particulares frente a los feminicidios y la violencia contra las mujeres. (Jesús Muñoz con información de Semlac e IPS Cuba)