Asegurar acceso rápido y efectivo a servicios judiciales gratuitos para mujeres que viven en situación de pobreza es una de las recomendaciones hechas por magistradas de Cortes y Tribunales Supremos de 17 países de Iberoamérica, reunidas en La Habana del 9 al 11 de noviembre.

“Las mujeres enfrentan una gran variedad de costos frente a una demanda judicial, aunque unos son más visibles que otros”, señaló la mexicana Adela Alicia Jiménez, magistrada del Tribunal Supremo de Chihuahua, durante el XVI Encuentro de Magistradas de los altos órganos de Justicia de Iberoamérica.

De un lado están los gastos más evidentes, a la hora de enfrentar una acción judicial, como los pagos de abogados, documentos, certificaciones, fotocopias o incluso los de transporte, para poder trasladarse a la instancia legal que sea necesario visitar.

“Pero también hay otros costos, no económicos, que se extienden en el tiempo”, precisó Jiménez. Entre estos mencionó los relativos a la vigencia del proceso y otros de naturaleza psicológica y social que pueden concurrir durante y después del proceso.

Jiménez aludió, por ejemplo, a las etiquetas con las cuales se marca a no pocas mujeres que deciden interponer un proceso penal y a quienes, bajo los dictados de los preceptos patriarcales, se les tilda de “abusonas” o “destructoras de hogares”.

Otro alto costo emocional se desprende de procesos que a veces se dilatan en el tiempo, generan mucha tensión, las revictimizan y, finalmente, no culminan con un dictamen satisfactorio para ellas.

Por ello, Jiménez llamó a las magistradas reunidas a procurar, “como juzgadoras, que los costos sean mínimos para las mujeres cuando ellas deciden defender sus derechos”.

La situación se torna más crítica todavía si se trata de mujeres sin medios propios para acceder a la justicia ni posibilidades de cubrir los gastos que ello implica.

Por ello las magistradas pusieron una mirada especial en las que carecen de recursos para defender sus derechos y muchas veces terminan siendo revictimizadas en los procesos judiciales.

En la Declaración de La Habana, las participantes suscribieron la necesidad de adoptar medidas para reducir los costos de los procesos y los riesgos que ellas viven, en particular las que se encuentran en situación de pobreza.
Abogaron, además, por evitar que las resoluciones judiciales generen o agudicen la feminización de la pobreza y reconocieron la necesidad de adoptar medidas especiales de carácter temporal, con el fin de acelerar la igualdad sustantiva en el acceso a la justicia de las mujeres en esa situación.

En el caso específico de los poderes judiciales, se necesita una respuesta más ágil y específica a los casos de violencia contra las mujeres, por sus graves consecuencias para quienes padecen el maltrato y lo denuncian.

“La experiencia española ha demostrado que las leyes integrales son un buen instrumento para abordar la violencia contra las mujeres, cuyas características específicas la diferencian del resto de las acciones criminales”, confirmó a SEMlac Inmaculada Montalbán, magistrada del Tribunal Supremo de Andalucía, Ceuta y Melilla.

La que ocurre en el ámbito familiar y de pareja está muy extendida en todas las sociedades y se realiza sin testigos, lo que genera dificultades de prueba, explicó.

“A la vez, existe una relación de dependencia que puede ser emocional, económica o social. Por eso encontramos un alto porcentaje de renuncias, perdones y retractaciones en el proceso, algo que no se produce en otro tipo de actos como arrebatar un bolso a una mujer en la calle”, argumenta.

Se trata de característica que, en su opinión, deben conocerse para poder abordar el fenómeno que, una vez diagnosticado, precisa de leyes integrales que guíen la actuación.

“No basta la respuesta penal; se necesita de acciones desde distintos sectores para que esa mujer obtenga apoyo especial o económico para poder romper con el ciclo de la violencia, disponga de un primer espacio donde refugiarse, se asesore sobre sus derechos para poder mantenerse en el proceso, entre otros apoyos”, indicó Montalbán a SEMlac.

“Nosotras tenemos la responsabilidad de actuar dentro de nuestros ámbitos, con todos los recursos necesarios, para ayudar a poner fin a este flagelo”, sostuvo.

A juicio de Carmen Lúcia Antunes Rocha, magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, “la justicia que no se hace de forma rápida, no es justicia”, sostuvo en referencia a la revictimización y sufrimientos añadidos que provoca la dilación de respuestas judiciales a casos de violencia de género.

Aida Kemelmajer de Carlucci, magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, Argentina, reconoció que en el ámbito legal hay más de una veintena de convenciones internacionales que condenan estos hechos.

Sin embargo, ello no ha impedido que se sigan produciendo y no pocos queden impunes.
Esta y otras situaciones han llevado a que se cuestione, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la eficacia de algunos de esos instrumentos y la actuación de las instituciones y poderes judiciales encargados.

Uno de los casos citados por Kemelmajer de Carlucci fue el de una joven indígena que no contó nunca con traducción oficial a la hora de ofrecer su testimonio y tuvo que valerse de su propio esposo para contar cómo fue violada.

“Cuando la propia justicia o la policía no escucha a las mujeres, se produce además violencia institucional”, señaló.

Para la costarricense Roxana Arroyo, presidenta de la Fundación Justicia y Género, Secretaría Técnica de estas citas anuales, queda mucho por hacer desde una administración de justicia “basada en un paradigma de interpretación jurídica que invisibiliza la diversidad de los sujetos”.

“Por eso no se lleva una compresión real sobre el tema de la igualdad”, indicó a SEMlac. “Se cree que basta solo con llegar a los tribunales, sin importar cómo se llega y se sobrevive allí”.

No obstante, el tema de los derechos humanos de las mujeres “ha colocado una mirada diferente y ha conectado la igualdad con una vida libre de violencia para ellas”, reconoció.

Convocado por la Fundación Justicia y Género, con sede en Costa Rica, el XVI Encuentro de Magistradas de los altos órganos de Justicia de Iberoamérica contó con el coauspicio del Tribunal Supremo Popular (TSP), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la Unión Nacional de Juristas por la parte cubana.

La cita contó, además, con los apoyos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude), Oxfam, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el tratamiento al Delincuente (ILANUD), entre otras instituciones. (Sara Más/SEMlac)