Mirar a la salud y el derecho desde una perspectiva de género fue la propuesta del UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, para esta Feria Internacional del Libro 2016.

Dos conversatorios en la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, los días 16 y 17 de febrero, focalizaron en el ODS-5 “Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas”.

El primero, dedicado a la “Salud sexual y reproductiva desde un enfoque de género y derecho”, estuvo a cargo de las doctoras Beatriz Torres y Ada Alfonso, presidenta y vice presidenta, respectivamente, de la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (SOCUMES). El segundo, titulado “Género y derecho. Una conexión necesaria”, fue protagonizado por la jurista e investigadora Yamila González Ferrer, de la Unión Nacional de Juristas de Cuba.

La salud bajo la lupa de género
¿Qué malestares y problemáticas sexuales presentan pacientes de enfermedades cardiovasculares, renales, entre otras y cómo abordar esos temas para que sean tenidos en cuenta de manera tan prioritaria como el propio padecimiento? Las respuestas a esas interrogantes condujeron el conversatorio. Información detallada sobre el tema, además, proporcionan los volúmenes presentados, en este caso el III y el IV de la serie: “Salud, malestares y problemas sexuales. Textos y Contextos”, compilados por las propias doctoras, junto a un colectivo de autores, y editados bajo el sello editorial CENESEX.

La doctora Beatriz Torres explicó que SOCUMES ha realizado múltiples trabajos en los últimos cuatro años en función de socializar los resultados de estas investigaciones. Entre 2011 y 2015 se efectuaron un total de 23 paneles que contaron con una amplia divulgación y participación, no solo de los asociados, sino de un público general que se congregó en la Casa del Alba, sede de casi todas las actividades científicas de la SOCUMES durante este periodo de tiempo.
Las interrogantes y preocupaciones nacidas de esos debates las llevaron a reabrir un espacio de investigación y debate sobre la salud de las mujeres, al cual dedican actualmente parte del trabajo de la sección de Salud Sexual de SOCUMES.
La experta, igualmente, la presencia de especialistas del UNFPA no solo como apoyo a esa sección, sino a menudo como ponentes de las sesiones científicas, acompañando y fortaleciendo el trabajo.
La doctora Alfonso, por su parte, señaló la importancia de valorar la sexualidad y la vida en pareja de pacientes de enfermedades crónicas, y en particular de las mujeres, como un elemento esencial que influye en su calidad de vida y en el cual los especialista deben aunar esfuerzos para promover ayuda y auto cuidado.
Para Rafael Cuestas, Coordinador internacional de Programa del UNFPA en Cuba, la labor de la SOCUMES tiene el valor de “generar y sistematizar un estado del arte de la salud sexual y reproductiva”, una necesidad identificada entre los países de la región latinoamericana y caribeña.

Género y derecho: conexión urgente

Una reforma constitucional en estudio pudiera allanar el camino a viejas deudas legislativas y servir de base para posteriores modificaciones en instrumentos jurídicos como el Código de Familia, considera la profesora YamilaGonzález Ferrer, coordinadora del proyecto de Género y derecho, de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC).

Durante el conversatorio “Género y derecho, una conexión necesaria”, González compartió su punto de vista sobre el orden en que deberían transcurrir las modificaciones de normativas sobre familia en las que se trabaja desde hace años para atemperarlas a la contemporaneidad.

La jurista se refirió también a algunos pasos dados en el ámbito procesal en espera de las modificaciones del código, entre ellas la incorporación de la escucha de los menores de edad en todos los procesos -previsto en el código solo en caso de adopción y tutela y a partir de siete años-, aprobados por el Tribunal Supremos a partir del concepto de capacidad progresiva de los menores establecido por la Convención de los Derechos del Niño.

Entre otros avances incluyó la creación de la sección de familia en los tribunales municipales, que llenan un vacío legislativo para los asuntos de familia, desde la interpretación que los jueces pueden hacer de lo recogido en la Ley de procedimiento, lo que permita desarrollar procesos en mejores condiciones”.

Según destacó Yamila Conzález, esto ha sido fruto del trabajo y el debate que durante años han tenido la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la UNJC y el trabajo de sensibilización que han desarrollado con profesionales del derecho.

La jurista se refirió también a las acciones que desarrolla el proyecto Género y Derecho, que la UNJC desarrolla junto a UNFPA, entre ellas la capacitación a lo largo del país y puntualmente en las provincias orientales: Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo, donde llevan a cabo una experiencia de trabajo con juristas y estudiantes de derecho.

Durante la sesión fueron presentada algunas de las publicaciones –impresas y digitales-, dirigidas a ampliar los conocimientos del gremio, entre ellos documentos jurídicos sobre género; derecho laboral y seguridad social, compilación bibliográfica del Diplomado de mediación, género y familia, y pancartas informativas sobre violencia.

Según explicó González, aún cuando existen carencias en el orden legislativo, el hecho de que el país sea signatario de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Convención de los Derechos del Niño –documentos incluidos en las publicaciones-, da la posibilidad de usarlos para un mejor ejercicio de la justicia.

Pese a los avances, hay prejuicios latentes en la subjetividad de las personas y los profesionales del derecho –quienes ejercen en tribunales, fiscalías, bufetes colectivos, asesorías jurídicas de distintos organismos-, también formadas con toda esta cultura patriarcal, que incorpora prejuicios, lo que puede incidir en la manera en que se imparte justicia.

Por eso, “siempre nos focalizamos en la capacitación para que la interpretación y aplicación de las normas jurídicas tenga un enfoque de género, lo que redundara en mejores procesos, así como en contribuir a la cultura de derechos de la población”, destacó.