En la última década, la reducción de la mortalidad materna en América Latina y el Caribe ha mostrado indicios de un marcado enlentecimiento y en algunos casos de retroceso, que ponen en riesgo el cumplimiento de los compromisos acordados a nivel mundial, regional y dentro de los propios Estados, incluyendo las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 

En promedio, más de 6000 mujeres y otras personas con capacidad de gestar mueren cada año durante la gestación, parto y postparto en América Latina y el Caribe. La pandemia por COVID-19, agravó el cuadro de mortalidad materna y supuso un importante retroceso en los avances hacia erradicar las muertes evitables. Según las estimaciones, la razón de mortalidad materna se duplicó entre 2019 y 2020, aumentando de 49 a 92 decesos maternos por 100.000 nacidos vivos, con estimaciones preliminares indicando una razón aún más elevada en 2021.

 

La mayor parte de estas muertes son evitables con acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad. Aunque todas las mujeres están en riesgo de sufrir complicaciones relacionadas con el embarazo, hay una relación clara entre la situación socioeconómica y el riesgo mayor de enfermedad y muerte materna. Hay una mayor razón de mortalidad materna entre las mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, en situación de pobreza, y en zonas rurales. Estas desigualdades se han incrementado en el contexto de la pandemia por COVID-19 debido a la saturación de los sistemas de salud, las medidas de aislamiento y una merma de la demanda y oferta de servicios, así como de la calidad de la atención.

 

La mortalidad materna es un grave problema de salud pública y un tema de inequidad que vulnera el derecho de cada mujer a la salud y a la vida. La muerte materna tiene enormes implicaciones de salud y económicas a nivel familiar y de la comunidad habida cuenta del importante papel que las mujeres tienen en la vida familiar y en el desarrollo social y económico en la región.