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En nuestro país se ha avanzado mucho en materia de igualdad –en especial de género– por lo que, en el imaginario social, subyace la idea de su prevalencia, pero resulta cierto el arraigo de concepciones patriarcales incorporadas y asumidas desde la subjetividad, que conducen a situaciones de discriminación, de violencia, con frecuencia naturalizadas e invisibilizadas. A esa naturalización ha contribuido el Derecho: desde la norma, al ser reservorio de estereotipos de género; desde la teoría, por la falta de preparación y sensibilización de sus profesionales en temáticas de género y violencia; y desde la práctica, porque aun contando con herramientas legales estas padecen de una interpretación no pocas veces restrictiva y de escasa utilización como mecanismos de garantía de la igualdad.

De ahí la idea de elaborar una Guía teórico-práctica de aplicación del enfoque de género y prevención de la violencia en el ámbito jurídico que proporcione herramientas para el quehacer diario, concebida con un fin didáctico y orientador, por lo que se evita el uso de notas a pie de página y de referencias que pueden dificultar la fácil lectura y aprehensión del contenido. Precisamente, en atención a su misión orientadora, consideramos oportuno comenzar con algunas definiciones conceptuales que sirven para la preparación del gremio jurídico y, a la vez, facilitan la detección de contextos de discriminación y violencia en las específicas áreas de acción, con la presentación de estereotipos y prejuicios a superar en la labor de asesoría jurídica y en la impartición de justicia.

A continuación, se presenta la metodología para el análisis jurídico con perspectiva de género que transversaliza toda la actividad jurídica; se analizan los principios de actuación y la discriminación indirecta donde a partir de la igualdad, la independencia y la imparcialidad se visualizan posibles escenarios de discriminación o vulnerabilidad, lo que conduce a la identificación de fórmulas de protección a las personas en situación de vulnerabilidad (PSV) desde las normas procesales. Luego, se dedica espacio al examen del lenguaje que se utiliza en la actividad legislativa y en la documentación jurídica con recomendaciones de formas lingüísticas inclusivas; también, se proponen un modelo de entrevista y de protocolo de actuación, como instrumentos prácticos que concretan la aplicación de un enfoque de género y el uso de herramientas procesales para la prevención/tratamiento de la violencia en el ámbito jurídico.