Ni siquiera tienen garantizado el control sobre su propia vida. Se le llama desigualdad de género y se expresa día a día en todo el planeta. Algunos de sus rostros, todos a ciencia cierta, son monstruosos: “en 18 países los hombres pueden impedirle legalmente a sus mujeres que trabajen fuera del hogar”; las leyes las excluyen.
“En otros 46 países no hay leyes que prohíban la violencia doméstica”. Aquí, las mismas leyes, su ausencia, las condenan.
“ De los 758 millones adultos analfabetos en el mundo, el 63 %, unos 479 millones, son mujeres”. La brecha salarial las persigue, “una mujer gana en el mundo un 23 % menos que lo que gana un hombre haciendo las mismas labores. Cargan con un 2, 5 % más de trabajo doméstico no remunerado que los hombres”.
Si la telaraña de la desigualdad, llevase otro nombre, pudiera perfectamente tener un nombre de mujer.
Los datos los deja al descubierto el Estado de Población Mundial 2017: Mundos Aparte: la salud sexual y los derechos reproductivos en tiempos de desigualdad, un exhaustivo informe realizado cada año—desde 1978—por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, el cual sostiene que “siempre que hay una parte de la población en situación de pobreza, la mujer se ve involucrada”.
“Una mujer que disponga de escasos recursos económicos, en una zona rural, sin estudios ni la posibilidad de tomar decisiones en relación con sus embarazos o de incorporarse a la fuerza de trabajo remunerada, quedará seguramente atrapada en la pobreza y la marginación”, sostiene el documento.
Justamente de la disparidad en el disfrute de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, proviene una de las más poderosas formas de desigualdad y de género. Ambos aspectos fundamentales no reciben suficiente atención, especialmente el reproductivo, cuyas implicaciones en la vida de las mujeres y de la sociedad en general son inmensas.
“Qué el cero sea el único número aceptable”
Pero, “ ¿por qué la desigualdad golpea con más fuerza a la mujer? ¿Por qué el acceso integral de mujeres y niñas a la salud y la educación, y especialmente al pleno respeto y ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos son fundamentales para el crecimiento económico de las naciones en desarrollo? ¿Por qué producir un informe de desigualdad hoy, si es un tema del cual venimos hablando desde hace mucho tiempo?”, reflexionó durante la presentación de este informe en La Habana, Rafael Cuestas, Coordinador Internacional de Programa del UNFPA en Cuba.
Explicó que el amplio documento señala las brechas, establece sus costos en materia humana y su impacto en el crecimiento económico, y ubica los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres como parte crucial para el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en sus cinco capítulos: “La desigualdad en el ámbito de los derechos”, “La intersección entre la desigualdad asociada a la salud y los derechos de las mujeres y la desigualdad económica”, “El precio de la desigualdad”, “Llegar primero a los más rezagados en el camino a la igualdad”, y “La inclusión al alcance para un mundo más equitativo”.
El informe anterior se enfocó en las niñas de 10 años, asumiendo que cuando terminemos el 2030 esas serán las jóvenes que tendrán sobre sus hombros la responsabilidad de incorporarse a la economía, a la fuerza de trabajo, a los círculos de decisión. Pero cómo llegarán a este momento, señaló Cuestas, quien subrayó en ese sentido que la Agenda de Desarrollo Sostenible tiene entre sus primeros objetivos eliminar la pobreza.
Si bien las desigualdades, usualmente están vinculadas a la disminución desequilibrada de la riqueza y los ingresos —expuso Cuestas— es un fenómeno más complejo, reforzado por las diferentes formas de disparidad, entre razas, sexo, etnias, personas que viven en zonas urbanas y aquellas que viven en zonas rurales; y cada una de estas dimensiones puede ser un síntoma o la causa de otra desigualdad.
Los costos son muchos. La desigualdad, dijo, reduce el crecimiento económico, en tanto no permite que un país haga uso de todas las capacidades y potencial de las personas.
“Hay dos dimensiones entrelazadas en el informe: la desigualdad en el acceso a la salud y derechos sexuales y reproductivos y la desigualdad de género. En la mayoría de los países en desarrollo, las mujeres con mayores ingresos económicos viven en las ciudades, tienen más educación y, generalmente, mayor acceso a los servicios de salud y calidad en los mismos. Las mujeres en el peldaño inferior, con menos acceso, residen en zonas rurales más alejadas de la ciudad”, ejemplificó el coordinador internacional de programa de la oficina de UNFPA en Cuba.
Según el informe, la necesidad insatisfecha de planificación familiar en los países en desarrollo suele ser mayor entre las mujeres del 20 % de los hogares más pobres, lo cual significa que al carecer de acceso a métodos anticonceptivos, las mujeres pobres, en específico las que tienen menor escolaridad y viven en áreas rurales, están más expuestas a la fecundidad no deseada. La consecuencia se traduce en riesgos para la salud y tiene repercusiones económicas en su vida posterior.
Por otra parte, falta de capacidad para decidir si desean quedarse embarazadas, cuándo y con qué frecuencia, de paso, limita su acceso a la educación, retrasa su incorporación a la fuerza de trabajo remunerada y reduce sus ingresos. Si a ello se le suman datos como los que revelan que, en un examen realizado a 143 países, 128 naciones contienen al menos un impedimento jurídico que obstaculiza la participación de las mujeres en ciertas oportunidades económicas, ellas están inmersas en una espiral descendente, “un ciclo de pobreza que se reproduce”.
La tasa de fecundidad de las jóvenes que residen en el 20 % de los hogares más pobres es casi tres veces superior a la de las adolescentes del 20 % de los hogares más ricos. El número de partos entre las adolescentes que residen en zonas rurales duplica el de las que viven en zonas urbanas, refiere el texto.
“Una cifra adicional confirma aún más la evidencia: en 34 países las brechas en materia de ingresos aumentaron entre 2008 y 2013, en el 2016, en 68 países se registraron brechas entre los géneros superiores a las de 2015”, subrayó Cuestas.
“Las desigualdades en el ejercicio de la salud sexual y reproductiva deben enfrentarse en todo el mundo, pues es un compromiso que los países adoptaron al aprobar la Agenda de Desarrollo Sostenible. Para conseguir la prosperidad compartida no debe quedar nadie atrás; la desigualdad en el mundo puede evitarse pero debemos de tener acciones sistemáticas para poder hacerlo”, dijo.
Según el Estado de la Población Mundial 2017, hoy por hoy, ningún país —ni siquiera los que se consideran más ricos y desarrollados— puede describirse como una nación totalmente inclusiva en la que todas las personas disfrutan de igualdad de oportunidades y ejercen plenamente sus derechos humanos. Pero, sin duda, uno de los derechos menos respetados es la salud sexual y reproductiva, que desempeña un papel central para el bienestar del ser humano.
“Reducir estas disparidades que afectan a las mujeres y las niñas en ámbitos como el de los ingresos, la educación y el empleo, va a depender en gran medida de que se les facilite el ejercicio pleno de sus derechos reproductivos”, insiste el documento.
Debemos cambiar esas cifras y realidades. Es vergonzoso que la demanda insatisfecha de anticoncepción afecte a 214 millones de personas en todos los países, que 80 millones de embarazos no deseados cada año estén ligados a la pobreza, y de hecho a la pobreza intergeneracional.
“En el ámbito de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, los países que han apostado por hacer inversiones en salud han logrado generar oportunidades nuevas para todos. Cuba es un buen ejemplo”, destacó Cuestas.
La voluntad del Estado cubano y las autoridades sanitarias es palpable en resultados como la alta cobertura anticonceptiva en el país, la prioridad que se brinda a la atención prenatal —en la cual la gestante recibe al menos diez consultas, las cuales incluyen entre otros estudios genéticos, nutricionales, psicológicos—, el que el 99 % de los partos sean institucionalizados, la supervivencia del recién nacido —uno de los indicadores más importantes del acceso e igualdad a la salud sexual y reproductiva en la proporción de recién nacidos que sobreviven su primer año de vida, y cuya tasa en Cuba es de 4, 3 por cada 1000 nacidos vivos—, el acceso de las niñas cubanas a la educación, y el derecho de cada mujer de disfrutar una licencia postnatal de un año, cuando en la mayoría de los países apenas alcanza las 16 semanas.
“A cada bebé cubano se vacuna contra 13 enfermedades y se le practican pruebas para detectar otras seis dolencias. En el 2015, Cuba fue validado como el primer país del mundo en eliminar la transmisión materno- infantil del VIH Sida y la sífilis”, dijo Cuestas.
Roberto Álvarez Fumero, jefe del Programa Materno infantil del Ministerio de Salud Pública, refirió el compromiso y los esfuerzos gubernamentales por establecer servicios de orientación en temas de salud sexual y reproductiva para adolescentes, así como en la formación y capacitación constante de profesionales de la salud en temas de salud sexual y reproductiva, desde la atención primaria de salud.
Ejemplificó que en la actualidad el aborto medicamentoso representa el 60 por ciento de las interrupciones de embarazos en el país, lo cual constituye un método más seguro y amigable para las mujeres.
Diversidades y desigualdades: El reto para Cuba
Para la Doctora María Isabel Domínguez, coordinadora del Grupo de Estudios sobre Juventud del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), en el complejo mundo de hoy se pasa a poner la mirada en el tema de las desigualdades y no solo en el hambre y la pobreza pues se ha evidenciado que son procesos interconectadas pero de distinto alcance, un enfoque que resulta clave para una región como América Latina y el Caribe, reconocida no como la más pobre del mundo pero sí la más desigual.
“Las desigualdades, aunque tienen una base económica, es decir se asientan en el lugar desigual que se ocupa en la división social del trabajo y con ello los desiguales ingresos y acceso a la riqueza, ellas tienen un carácter multidimensional, se entrecruzan con la condición de sexo-género, generación, raza-etnia, pertenencia territorial, así como adscripciones políticas y religiosas entre otros factores. Por ello el enfoque tiene que ser “interseccional” porque las miradas a una sola de las dimensiones resultan parciales e insuficientes”, señaló la experta.
Pero lo que muchas veces se obvia al hablar de las desigualdades— explica la investigadora del CIPS— es que ellas se sustentan en las asimetrías en las relaciones de poder: entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, entre adultos y jóvenes, entre blancos y no blancos (indígenas, afrodescendientes), entre poblaciones urbanas y rurales o periféricas, entre nativos y migrantes, entre heterosexuales y homo-bi-trans-sexuales, entreculturas, concepciones políticas o religiosas dominantes y otras minoritarias, subordinadas o marginadas.
“La asimetría en las relaciones de poder es lo que convierte a las diversidades en desigualdades y es lo que lesiona el derecho del otro/diferente. Reconocer y respetar la diversidad es lo que permite luchar contra las desigualdades y no el establecimiento de enfoques homogenizantes. Es decir, se trata de garantizar la igualdad en la diversidad”.
Ello, dijo Domínguez, “nos lleva a una pregunta central: ¿Qué tipo de igualdad? Lo más común es hablar de igualdad de oportunidades.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se plantea la meta de “(…) un mundo (…) en el que exista igualdad de oportunidades para que pueda realizarse plenamente el potencial humano (…)” (ONU, 2015).También en Cuba entre los principios que sustentan el modelo económico y social cubano, expresados en la conceptualización presentada al VII Congreso del Partido comunista de cuba se señala en el inciso h) que “el reconocimiento moral y jurídico de la igualdad de derechos y deberes de la ciudadanía y las garantías para hacerlos efectivos con equidad, inclusión y justicia social, expresados en la igualdad de oportunidades, y el enfrentamiento a toda forma de discriminación por color de la piel, género, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, origen territorial y nacional, creencia religiosa, edad y cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana”“.
“Sin embargo, hace tiempo se viene demostrando que la igualdad de oportunidades no es suficiente si no se crean las adecuadas condiciones para su aprovechamiento y eso, en ocasiones, implica la creación de condiciones desiguales, es decir, favorecedoras a determinados grupos sociales para que las oportunidades tengan real sentido para ellos.Es lo que está en el trasfondo del compromiso de los ODS de “llegar primero a los más rezagados”“ explicó la coordinadora del Grupo de Estudios sobre Juventud del CIPS.
Ese compromiso, subraya, conduce a posicionarse en ¿qué tipo de políticas públicas permiten llegar primero a los más rezagados?, lo que a su juicio debe ser entendido como un propósito de transformación social y no asistencialista si se quiere garantizar su sostenibilidad.
“Son las lecciones de ese viejo tema de la relación entre universalización/focalizaciónde las políticas públicas y la evaluación de los resultados, no solo a corto sino también a mediano y largo plazo, de las políticas de acción afirmativa, de las denominadas “transferencias condicionadas” o de las transferencias monetarias no condicionadas, cuyos efectos en muchos casos no han sido sostenibles en el tiempo porque las personas y grupos beneficiados siguen insertados en contextos de desigualdades y de asimetrías de poder, que limitan el alcance de los beneficios que brindan esas acciones”.
Pero, desde la experiencia cubana ¿qué lecturas podemos hacer del informe?¿Sobre qué nos alerta? ¿Qué nos sugiere para continuar perfeccionando nuestras acciones? , reflexionó la experta.
Hay que partir, dijo, del contexto nacional y de sus condiciones en materia demográfica, económicas y sociales, para aprovechar las recomendaciones del informe en el marco de los objetivos de la Agenda 2030 y de nuestro Plan de Desarrollo Económico y Social también en ese período de tiempo.
“Por una parte, es un hecho que mientras en los países en desarrollo – como los denomina el informe – cerca del 60% de la población tiene 24 años o menos y en América Latina y el Caribe la cifra es de 51%,— y por lo tanto cuentan con el llamado “bono” o “dividendo” demográfico— Cuba enfrenta el agotamiento de dicho bono con apenas un 33% de su población en esas edades y una acelerado envejecimiento que hará más reducida esas proporciones en los próximos años”.
Pero a su vez, explicó Domínguez, Cuba dispone de las fortalezas que se derivan de décadas de inversión en dos de las áreas priorizadas para un desarrollo sostenible: educación y salud, las que el informe destaca como estratégicas para garantizar derechos e inclusión social. “De manera que el país cuenta con una población joven y adulta saludable y con altos niveles educativos, cuyas capacidades bien aprovechadas son un eslabón determinante en el desarrollo económico y social, y con ello la posibilidad de mantener niveles de inclusión social justos y equitativos”.
Sin embargo, el informe destaca la intersección de las desigualdades en el ámbito de la salud, la educación y el género. “Por eso nuestro país está en condiciones de trabajar por reducir aún más los matrimonios o uniones en la adolescencia, las que se sitúan en 26%, casi al mismo nivel que el promedio de América Latina y el Caribe, que está en 29%; o la tasa de fecundidad adolescente que alcanza la cifra de 53 por cada mil niñas de 15 a 19 años.
“Si bien es más baja que en la región, sí tiene comportamientos territorialmente diferenciados que hace que en algunas zonas del país se registren tasas muy elevadas. Esto evidencia que la diferenciación económica y cultural de los territorios y grupos sociales dejan su huella en la producción y reproducción de desigualdades, más allá de la universalidad de las políticas”, afirmó la investigadora.
Al propio tiempo, dijo, una vez alcanzadas las metas de educación y salud que están hoy entre los reclamos fundamentales que plantean los ODS y que constituyen la base del capítulo 4 de este informe para “llegar primero a los más rezagados”, se impone el reto de proveer empleos de calidad y bien remunerados, sobre todo para los y las jóvenes, así como crear condiciones para el trabajo doméstico y las tareas de cuidado familiar, de modo que no se conviertan en una carga hacia las personas más jóvenes y en especial para las mujeres jóvenes.
El Estado de la Población Mundial 2017 señala que”en comparación con los adultos los jóvenes sufren de manera desproporcionada el desempleo, el subempleo y las condiciones de trabajo extremadamente vulnerables e inseguras (…) Las jóvenes en particular, corren el riesgo de quedar atrapadas en empleos informales y mal remunerados (…)”, manifestó.
En ese sentido, las condiciones actuales de la ocupación en Cuba indican que esas alertas deben ser tenidas en cuenta, precisó. “Una población femenina con un 31% de mujeres con nivel medio superior o superior, una población joven con una escolaridad promedio de 11,9 grados, con 72,6% con nivel medio superior o superior, y una proporción de muchachas 10% más alta en esos niveles que sus pares varones, dispone en nuestro país de elevadas capacidades para insertarse laboralmente”.
Para Domínguez, la comparación de algunas de las cifras que nos brinda el informe con las nuestras, nos ayuda a una mejor valoración de nuestra realidad.
“La participación de la mujer en la fuerza del trabajo en el mundo se sitúa alrededor del 50% frente a la masculina que es del 76%. En Cuba los datos para el año 2015 ofrecidos por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), revelaron un 53% en las mujeres y 81% en los hombres. En la mayor parte de los países las mujeres representan entre el 20-40% de puestos directivos; en Cuba representan el 34%, lo que sitúa el país en el lugar 34 en el mundo y en el lugar 15 en América Latina y el Caribe. Esos son resultados que no se corresponden con los datos educacionales antes mencionados, y nos dejan ver que existen reservas”.
Asimismo, frente al elevado desempleo juvenil predominante en el mundo, las juventudes en Cuba tienen altos índices de ocupación: Los y las jóvenes entre 15 y 29 años tienen un 50% de ocupación. Sin embargo se muestran importantes diferencias por género al comparar el segmento de 25 a 29 años, período en el que ya se ha concluido la etapa estudiantil. En estas edades el 85,7% de los jóvenes varones están ocupados frente a solo el 57,5% de las mujeres, refirió la investigadora.
De igual modo, el 45,5% de los y las jóvenes trabaja en el sector estatal y allí la tercera parte se desempeña en ocupaciones técnicas. Sin embargo, entre los que trabajan en el sector no estatal, también casi un tercio lo hace como trabajador contratado, y en este espacio económico se expresa con mayor fuerza la división sexual del trabajo con tendencia en las mujeres a desempeñarse en puestos de menor calificación y reproductores del trabajo doméstico y el cuidado, advirtió.
“Estos datos evidencian que ante el agotamiento del bono demográfico, el aporte de cada uno en la esfera del trabajo resulta esencial para la persona misma, la familia y la sociedad y que hay una gran reserva en las mujeres que podría decirse que contamos con un bono de género, no solo por las posibilidades de elevar su participación económicamente activa sino porque se trata de una aportación desde sus altos niveles educativos y de calificación”, destacó Domínguez.
Particular interés debe concedérsele, refirió, a un elemento que el informe señala: como el tiempo dedicado al trabajo doméstico no remunerado y a la prestación de cuidados aumenta la desigualdad de las mujeres. “Por ello, uno de los retos de la sociedad cubana hoy, a tono con el enfoque del presente informe, es continuar reforzando las acciones que garanticen los derechos sexuales y reproductivos sobre todo de las mujeres jóvenes, con una perspectiva multidimensional que contribuya a minimizar los impactos que el envejecimiento demográfico hace recaer sobre ellas en las tareas de cuidado. Ello implica por supuesto la creación de condiciones, la prestación de servicios y el establecimiento de políticas que pongan el foco en el fortalecimiento de la inclusión de las mujeres en la vida laboral y social activa, pero ello requiere el fuerte acompañamiento de acciones encaminadas a la transformación de subjetividades que modifiquen las relaciones patriarcales imperantes en la cultura”, argumentó.
Al respecto, mencionó que quizá uno de los ejemplos más significativos sea el de la licencia parental otorgada a los padres ante el nacimiento de los hijos. “El informe señala que solo el 40% de los países tienen establecida esta disposición, y nuestro país es uno de ellos, sin embargo, el uso que se hace de la misma todavía es muy limitado”.
En ese sentido, agregó que el documento destaca la importancia del espacio comunitario para trabajar en favor de la igualdad. En Cuba—precisó— esa experiencia tiene una tradición de varias décadas, a través del trabajo realizado por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en articulación con la escuela y otros actores locales, de manera que se trata de renovar los métodos de trabajo para aprovechar las fortalezas acumuladas en pos de las actuales metas.
Igual de significativo para Cuba— dijo—,en esta nueva etapa de trabajo en la perspectiva hacia el 2030, debe ser la necesidad de actualizar el marco normativo legal en materia de niñez, juventud y familia, en correspondencia con las nuevas condiciones demográficas, económicas y sociales que vive el país y también con los avances en la legislación internacional en esas materias.
Asimismo, estar a tono con el llamamiento que hacen los ODS a “la revolución estadística”, para lo cual se recomienda utilizar mejor los datos existentes, desglosar los mismos para captar mejor las desigualdades, colocar los sistemas nacionales de datos al servicio de todas las personas y hacer mediciones multisectoriales capaces de revelar las influencias combinadas de las distintas acciones.
“Para nuestro país, que cuenta con un sólido y extenso sistema de información estadística, estas recomendaciones pueden contribuir a un mayor y más eficiente uso de la información que se recoge no solo para seguir fundamentando decisiones y evaluando políticas sino también para garantizar la colocación de Cuba en las comparaciones internacionales. Este propio informe evidencia que no en todos los análisis estamos incluidos”.
A juicio de la investigadora, El Estado de la Población Mundial 2017, entraña no solo el reconocimiento sino la sensibilización hacia una problemática que aqueja al mundo de hoy y lo fragmenta y subdivide en mundos separados. “Mundos Aparte, como dice el título del informe; y aunque en Cuba hemos avanzado en muchas de las metas que propone; otras no se han resuelto y algunas amenazan con reproducirse, de manera que estudiar detenidamente las reflexiones que contiene, a la luz de nuestras realidades, puede ser un ejercicio útil para todos y todas”, concluyó.
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