Durante el año 2014, auspiciado por el Programa conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se realizó en 17 países de América Latina un estudio regional sobre barreras legales para el acceso de adolescentes y jóvenes a los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) y VIH, con el objetivo de conocer cómo las leyes y políticas inciden positiva o negativamente en el acceso de este grupo etario a los servicios correspondientes (ONUSIDA, UNFPA y UNICEF, 2015).

Cuba no estaba incluida en dicho análisis, sin embargo el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) se planteó la necesidad de un estudio similar, toda vez que la atención diferenciada e integral a la adolescencia constituye prioridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Así, la información obtenida habría de contribuir al perfeccionamiento de dicho sistema —mediante la evaluación de los avances y desafíos en materia de legislación y políticas vigentes— en lo que se refiere al acceso efectivo de adolescentes y jóvenes a servicios de SSR, incluida la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH, a tenor de los estándares internacionales. Ello en correspondencia, también, con las prioridades del UNFPA que, en sus Planes Estratégicos desde 2014 a la fecha, expresa la necesidad de promover el acceso de las y los adolescentes a servicios de calidad, incluyendo la consejería, en SSR y VIH. Todo ello condujo a la elaboración, en el año 2015, de un diagnóstico sobre el acceso legal de adolescentes y jóvenes a servicios de calidad, con la determinación de las brechas existentes en el orden legal y de políticas públicas.