El Informe Estado de la Población Mundial 2017 reflexiona acerca de las desigualdades en el ámbito de la salud y los derechos.
¿Por qué la desigualdad golpea con más fuerza a la mujer? ¿Por qué el acceso integral de mujeres y niñas a la salud y la educación, y especialmente al pleno respeto y ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, son fundamentales para el crecimiento económico de las naciones en desarrollo?
Respuestas a esas y otras muchas interrogantes proporciona el detallado informe Estado Mundial de la Población 2017: Mundos Aparte, realizado por el UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
El texto se centra en la salud y los derechos reproductivos en tiempos de desigualdad y establece como toda inequidad existente afecta a la mujer.
“Siempre que hay una parte de la población en situación de pobreza, la mujer se ve involucrada. Una mujer que disponga de escasos recursos económicos, en una zona rural, sin estudios ni la posibilidad de tomar decisiones en relación con sus embarazos o de incorporarse a la fuerza de trabajo remunerada, quedará seguramente atrapada en la pobreza y la marginación”, afirma el documento.
Los cinco capítulos del informe: “La desigualdad en el ámbito de los derechos”, “La intersección entre la desigualdad asociada a la salud y los derechos de las mujeres y la desigualdad económica”, “El precio de la desigualdad”, “Llegar primero a los más rezagados en el camino a la igualdad” y “La inclusión al alcance para un mundo más equitativo”, señalan las brechas, establecen sus costos en materia humana y su impacto en el crecimiento económico, y ubican los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres, como parte crucial para el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).
La desigualdad en el ámbito de la salud y los derechos
Una de las más poderosas formas de desigualdad de género proviene de la disparidad en el disfrute de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Ambos son aspectos fundamentales que no reciben suficiente atención, especialmente el reproductivo. Sus implicaciones en la vida de las mujeres y de la sociedad en general son inmensas.
Según el informe, la necesidad insatisfecha de planificación familiar en los países en desarrollo suele ser mayor entre las mujeres del 20% de los hogares más pobres. Eso quiere decir que, al carecer de acceso a métodos anticonceptivos, las mujeres pobres, en particular las que tienen menor escolaridad y viven en áreas rurales, están más expuestas a la fecundidad no deseada. La consecuencia se traduce en riesgos para la salud y tiene repercusiones económicas en su vida posterior.
La falta de capacidad para decidir si desean quedarse embarazadas, cuándo o con qué frecuencia, de paso, limita su acceso a la educación, retrasa su incorporación a la fuerza de trabajo remunerada y reduce sus ingresos. Si a esto se le suman datos como los que revelan que, en un examen realizado a 143 países, 128 naciones contienen al menos un impedimento jurídico que obstaculiza la participación de las mujeres en ciertas oportunidades económicas, ellas están inmersas en una espiral descendente.
Una cifra adicional confirma aún más la evidencia: en 34 países las brechas en materia de ingresos aumentaron entre 2008 y 2013; en 2016, en 68 países se registraron brechas entre los géneros superiores a las de 2015.
Hoy por hoy, ningún país —ni siquiera los que se consideran más ricos y desarrollados— puede describirse como una nación totalmente inclusiva en la que todas las personas disfrutan de igualdad de oportunidades y ejercen plenamente sus derechos humanos. Pero, sin duda, uno de los derechos menos respetados es la salud sexual y reproductiva, que desempeña un papel central para el bienestar humano.
El informe subraya, por ejemplo, que la tasa de fecundidad de las jóvenes que residen en el 20% de los hogares más pobres es casi tres veces superior a la de las adolescentes del 20% de los hogares más ricos. El número de partos entre las adolescentes que residen en zonas rurales duplica el de las que viven en zonas urbanas.
Los 179 Gobiernos que aprobaron el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), de 1994, que orienta la labor del UNFPA, acordaron que la reducción de las disparidades que afectan a las mujeres y las niñas en ámbitos como el de los ingresos, la educación y el empleo, entre otros, dependerá en gran medida de que se les facilite el ejercicio pleno de sus derechos reproductivos.
Desde que se acordó el Programa de Acción en 1994, los pueblos se han movilizado para ampliar los servicios de salud sexual y reproductiva por el planeta. Pese a ello, las disparidades no se eliminan con rapidez, con miras al cumplimiento de los objetivos acordados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 identifica la pobreza como el mayor desafío y hace un llamado a “no dejar a nadie atrás”. En sus 17 ODS se incluyen retos que dan prioridad a la igualdad y a la mujer, como la atención médica universal, la igualdad de género o la reducción de la desigualdad en los países.
En el ámbito de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, los países que han apostado por hacer inversiones en salud han logrado generar milagros económicos que han creado nuevas oportunidades para todos. Cuba es un buen ejemplo.
10 medidas en favor de un mundo más equitativo, según el Estado de la Población Mundial 2017
La ampliación del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva es solo la mitad de la solución. La otra mitad depende de cómo abordemos las otras dimensiones de la desigualdad de género. Esto nos dará la posibilidad de apoyar a las mujeres pobres a ejercer sus derechos, hacer realidad sus ambiciones y vivir en condiciones de igualdad.
1. Cumplir todos los compromisos y obligaciones en materia de derechos humanos acordados en tratados y convenios internacionales.
2. Eliminar las barreras —leyes discriminatorias, normas o deficiencias en los servicios— que impiden a las adolescentes y las jóvenes acceder a la información y los servicios de salud sexual y reproductiva.
3. Llegar hasta las mujeres más pobres con servicios esenciales de atención de salud materna y prenatal.
4. Responder a todas las necesidades de planificación familiar insatisfechas y conceder prioridad a las mujeres que viven en el 40% de los hogares más pobres.
5. Prestar un servicio de protección social universal que ofrezca seguridad de los ingresos básicos y cubra los servicios esenciales, incluidas las asistencias y prestaciones relacionadas con la maternidad.
6. Impulsar los servicios que permiten a las mujeres incorporarse o permanecer en la fuerza de trabajo remunerada, como los de cuidado del niño.
7. Adoptar políticas progresivas encaminadas a acelerar el aumento de los ingresos entre el 40% más pobre de la población, a través de, por ejemplo, la intensificación de las inversiones en el capital humano de las niñas y las mujeres.
8. Eliminar los obstáculos económicos, sociales y geográficos que impiden el acceso de las niñas a la educación secundaria y terciaria y su participación en cursos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
9. Acelerar la transición del trabajo no estructurado al trabajo formal decente —con énfasis en los sectores que concentran la mayoría de las trabajadoras pobres—, y permitir el acceso de las mujeres a los servicios de crédito y la propiedad.
10. Trabajar en pos de la medición de todas las dimensiones de la igualdad.
